En el curso 1933-34 las tensiones políticas y los actos de violencia seguirían dificultando el desarrollo del Opus Dei. La industrialización española estaba en sus comienzos y el país no se había integrado del todo en la economía mundial. Aunque no sufrió las peores consecuencias de la depresión de 1929 que asolaba a Estados Unidos y a muchos otros países, algunos sectores de la economía se vieron afectados. Todo el país se desgarraba en pleno conflicto social.
El salario real crecía poco y el porcentaje de paro era muy elevado. A falta de un seguro eficaz contra el desempleo, la situación de los parados solía ser desesperada. Frecuentes huelgas trastornaban la economía y afectaban a los sectores más comunes. En 1932 hubo 660 huelgas, que afectaron a 250.000 trabajadores y supusieron una pérdida de 3,6 millones de días de trabajo. En 1933 hubo más de 1.100 huelgas, con la participación de 850.000 trabajadores y una pérdida de 12,5 millones de días de trabajo. Muchas de estas huelgas eran violentas, especialmente porque el sindicato anarquista, la CNT, creía que la situación estaba madura para la revolución social.
El clima de violencia e inseguridad era peor para los católicos a causa de las nuevas medidas del gobierno contra la Iglesia y, en particular, contra las órdenes religiosas. El debate sobre la Ley de Ordenes Religiosas fue largo y ácido, y sus ecos llenaron la prensa y las conversaciones durante buena parte de la primavera.
La ley que finalmente salió del parlamento confiscaba todas las iglesias y conventos, aunque se permitiría a la Iglesia el uso de dichos edificios. Las órdenes estarían sometidas a un severo control gubernamental; a sus miembros se les prohibía la enseñanza, salvo la religión católica. En muchos casos los católicos se las arreglaron para mantener escuelas que antes dirigían los religiosos, a menudo con pocas modificaciones, aparte de su estatuto legal.
Aunque la ley fue relativamente ineficaz para acabar con la educación católica, sirvió para aguzar la hostilidad de muchos católicos hacia el gobierno. Un destacado parlamentario declaró: “Los republicanos católicos nos sentimos engañados por no haber respetado la República nuestros sentimientos y faltado a sus promesas” [1] . Muchos otros católicos no fueron tan comedidos a la hora de manifestar sus quejas.
La jerarquía respondió con una pastoral colectiva que denunciaba el sacrílego saqueo de los bienes de la Iglesia y prohibía a los católicos a enviar sus hijos a escuelas no católicas sin autorización del obispo local. El papa Pío XI afirmó, una vez más, que la Iglesia no tenía nada en contra de una forma de gobierno republicano y estaba dispuesta a cooperar con el gobierno de España. Sin embargo también denunció las nuevas medidas, que, decía, expresaban “odio contra Nuestro Señor y su Cristo, alimentado por grupos enemigos de cualquier orden religioso y social, como ya hemos visto, desgraciadamente, en México y Rusia”.
Las autoridades locales siguieron atacando a los católicos, a menudo por medios mezquinos. En julio de 1933, Zorzano asistió al primer encuentro de Acción Católica en Málaga, en la residencia del obispo. La policía interrumpió el acto acusando a los participantes de mantener una reunión ilegal y secreta. Aunque la reunión era claramente legal, el comisario de policía insistió en llevarlos a la comisaría donde estuvieron retenidos durante una hora antes de ser despedidos sin cargo alguno. El episodio en sí mismo no era importante, pero incidentes de este tipo enemistaron definitivamente a muchos católicos con la República y no aportaron nada positivo a los objetivos de los republicanos.
[1] Vicente Cárcel Ortí. Ob. cit. p. 165
