Las actividades del Opus Dei con mujeres estaban en sus comienzos cuando el gobierno dictó leyes y reglamentos para cumplir las medidas antirreligiosas de la Constitución. En enero de 1932, disolvió la Compañía de Jesús y confiscó sus propiedades. En febrero, introdujo el matrimonio civil y el divorcio y quitó los crucifijos de las aulas en las escuelas públicas. Pronto suprimió las capellanías de los hospitales públicos. Otro decreto disponía que cualquier persona que no hubiera declarado expresamente en acta notarial que deseaba un entierro religioso recibiera únicamente exequias civiles.
De modo muy particular en localidades pequeñas, algunos funcionarios furiosamente anticlericales disfrutaron prohibiendo procesiones, el toque de campanas de la iglesia y otras manifestaciones de religiosidad popular. Tales medidas no pasaban de ser molestias relativamente pequeñas, pero muchos cristianos, para quienes dichas ceremonias formaban parte del modo de vivir, se sintieron insultados; las medidas radicales, como la declaración de que España había dejado de ser un país católico, podían olvidarse rápidamente; pero los intentos de limitar la religión a la esfera privada llevaron a muchos católicos a alejarse definitivamente de la República.
