Cuando en enero de 1930 Alfonso XIII forzó la dimisión de Primo de Rivera, esperaba que comenzara un periodo de normalidad política bajo una monarquía constitucional. El gobierno de transición de Berenguer tenía previsto avanzar paso a paso hacia ese objetivo, empezando por las elecciones municipales de abril de 1931.
La sociedad española estaba muy fragmentada y polarizada. La incapacidad manifiesta de la monarquía entre 1898 y 1923 para encontrar una solución a los problemas del país y su complicidad con el gobierno dictatorial de Primo de Rivera habían provocado la enemistad de muchos españoles con la institución. De hecho, sólo un pequeño porcentaje de los votantes económica y socialmente conservadores apoyaba a los partidos oficialmente monárquicos. Otros muchos conservadores, aunque preferían la monarquía a la república, no estaban apasionadamente comprometidos con ella.
Un importante número de votantes apoyaba a partidos burgueses como el Radical Republicano, que hundía sus raíces ideológicas en el siglo de las luces. Para ellos, era un objetivo primordial derribar la monarquía y establecer una república democrática.
El principal partido de la clase obrera era el socialista. Se proponía el cambio económico y social inspirado en el marxismo; al mismo tiempo, se inclinaba decididamente por el régimen republicano. Muchos otros trabajadores de la industria y de la agricultura, especialmente en el sur, eran anarquistas y se oponían a la monarquía, pero, por una cuestión de principios, no participaban en las elecciones. Sólo una pequeña minoría de los trabajadores pertenecía al partido comunista.
Las elecciones municipales de abril de 1931 fueron consideradas como un referéndum sobre el régimen político. Los primeros resultados –principalmente de las grandes ciudades- arrojaron una mayoría de votos republicanos. Descorazonado por este rechazo popular y por la falta de apoyo del Ejército, el Alfonso XIII abandonó el país el 14 de abril de 1931. Inmediatamente después se proclamó la república. Un buen número de católicos, sobre todo en las grandes ciudades, había votado a candidatos republicanos, y todos, en general, estaban dispuestos a dar una oportunidad al nuevo régimen.
Niceto Alcalá Zamora, antiguo monárquico convertido al republicanismo, presidió un gobierno provisional de coalición. Su catolicismo era garantía de moderación. El conservador Miguel Maura, al frente del Ministerio del Interior, y el regionalista catalán Lluis Nicolau, que ocupó la cartera de Economía, eran bien conocidos católicos. Con todo, la mayoría del nuevo gobierno era, más o menos abiertamente, anticatólica. Había tres socialistas, dos radicalsocialistas, dos radicales, uno de Izquierda Republicana y un regionalista gallego.
Una de las primeras medidas del gobierno provisional fue la declaración de libertad religiosa y proclamar la separación entre la Iglesia y el Estado. Se aseguró a los católicos que no se perseguiría a ninguna religión. Pocos aceptaron de buena gana estas medidas, pero la reacción inicial tanto de los cristianos de a pie como de la jerarquía fue contenida. La mayoría seguía abierta al nuevo régimen, tal vez con aprehensión, pero sin hostilidad.
En una carta al nuncio, el cardenal Pacelli, Secretario de Estado del Vaticano, animaba a los católicos a no dar importancia a la cuestión de monarquía contra república, sino a concentrarse en la defensa del orden social y de los derechos de la Iglesia. El nuncio, a su vez, animaba a los católicos, y particularmente a los obispos, a aceptar el nuevo régimen y a permanecer unidos en defensa de la Iglesia. La primera manifestación de hostilidad declarada de algunos miembros de la jerarquía llegó el primero de mayo de 1931, cuando el arzobispo de Toledo y Primado de España, el cardenal Segura, publicó una carta pastoral en la que alababa al rey.
